Aplazamiento de Verifactu a 2027
El Gobierno ha anunciado un nuevo aplazamiento en la entrada en vigor del sistema Verifactu, tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto-ley que introduce medidas urgentes para favorecer la actividad inversora de entidades locales y comunidades autónomas. Entre estas medidas, se incluye la modificación del Real Decreto 1007/2023, de 5 de diciembre, conocido como el Reglamento Verifactu.
Este reglamento establecía los requisitos que deben cumplir los sistemas y programas informáticos utilizados por empresarios y profesionales para la emisión de facturas, con el objetivo de garantizar la integridad, conservación, trazabilidad y estandarización del registro de facturación.
¿Qué cambia con este nuevo Real Decreto-ley y el aplazamiento de Verifactu a 2027?
La principal novedad es el aplazamiento de un año en la aplicación obligatoria del sistema Verifactu.
Las fechas previstas pasan a ser:
-
Empresas obligadas a partir del 1 de enero de 2026 → nuevo plazo: 1 de enero de 2027
-
Empresas y autónomos con obligación desde el 1 de julio de 2026 → nuevo plazo: 1 de julio de 2027
Con esta medida, el Gobierno otorga más margen a pymes, autónomos y desarrolladores de software para adaptarse a los requisitos técnicos exigidos.
¿Por qué se aplaza Verifactu?
El sistema Verifactu nace para combatir el fraude fiscal y evitar el uso del llamado “software de doble uso”, que permite la ocultación de ventas o modificación de registros contables.
El aplazamiento busca:
-
Facilitar una adaptación tecnológica más progresiva.
-
Asegurar que los sistemas implantados cumplen con los niveles de seguridad, transparencia y trazabilidad requeridos.
-
Garantizar que pymes y autónomos puedan aplicar la normativa sin afectar a su actividad diaria.
Un camino hacia una facturación más segura
Aunque su aplicación se retrasa, el objetivo del Verifactu se mantiene:
impulsar un sistema de facturación más fiable, homogéneo y adaptado a la lucha contra el fraude fiscal. La medida se enmarca dentro de la Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, reforzando el compromiso con una economía más transparente.